El problema eléctrico es de enorme complejidad. Su importancia estratégica en el desarrollo troncal de una economía, su vinculación con el grado de independencia energética del exterior, la necesidad de convertir el acceso a esta fuente de energía en una garantía,… Éstas entre otras cosas hacen del sector eléctrico uno de especial e íntima relación con el regulador (el legislador). Planificación de la capacidad a plazo, apuestas por tecnologías específicas, subvenciones a nuevas fuentes de energía, control de la tarifa para usuarios, mantenimiento del sistema…

Hasta el viernes, el conjunto de las decisiones de política energética tomadas desde 2004 (mucho antes verdaderamente, quizá desde 1997) han conducido a que Europa considere que nuestro sistema eléctrico sea una bomba de relojería macroeconómica que ha de ser desactivada. Lo que genera el sistema, sus ingresos, hace muchos años que dejó de cubrir los costes reconocidos (regulatorios) del mismo. Es un sector que ha sido diseñado de forma que resulta deficitario. Y este déficit ha ido creciendo de forma acelerada desde 2004.

Las cosas están así. En 2013 (ver datos de REE) la demanda pico ronda en promedio los 40.000 MW en meses fríos y niveles algo por debajo en primavera. Esto es lo que consumimos. Es un dato. ¿Y cuánta capacidad instalada hay para atender esa demanda? Bueno pues tenemos (cierre abril, dato REE) 102.039 MW instalados en el sistema peninsular, de los que en régimen ordinario (hidráulica, nuclear, fuel/gas, ciclos combinados) tenemos 62.720 y el resto, 39.319 MW, son de régimen especial: hidráulica especial, eólica, solar (fotovoltaica y térmica), térmicas (renovables o no). Estamos sobredimensionados desde el punto de vista de la oferta.

Ustedes dirán, si la demanda cae (que lo hace desde 2007) y la oferta aumenta (que lo sigue haciendo), los precios caerán, ¿no? Pues no. ¿Al menos las eléctricas habrán ganado mucho menos? Pues tampoco… Primera paradoja para un observador novel.

¿De dónde viene este desequilibrio oferta-demanda? De los años en los que atábamos los perros con longanizas. En 2004 el gobierno de ZP optó por una política eléctrica encaminada a cubrir riesgos de suministro apoyada en las energías renovables y la cogeneración. Un régimen centralizado de fijación de primas y subvenciones generosísimas, unido a un poder autonómico sobre el diseño final que nos ha hecho encontrarnos con el disparate fotovoltaico y más recientemente el termosolar. Así, al amparo del crédito fácil, las subvenciones y primas que pagamos todos, los más avispados rarísimamente movidos por el afán industrial sino el financiero, se han construido sus parques fotovoltaicos.

Y como sobraba dinero a los ciclos combinados construidos que ya no entraban en el pool, sólo por “estar disponibles y preparados” aunque parados había que pagarles. Otro exceso del sistema.

Otro dislate reseñable tiene que ver con la llamada prioridad en el despacho otorgado a las renovables (Union Europea dixit). Lo más caro cubre la primera demanda. Cuando se “reclaman” MW a la oferta, primero entran las renovables. Así, no sólo tienen la ventaja en la prima sino que además aseguraban la salida a su producción.

El desequilibrio tarifario es otro de los elementos de este puzzle. Los consumidores pagan y con ello se retribuye al sistema. Pero se le retribuye, no por los verdaderos costes económicos, sino por costes regulados. Y aquí la lista es larga: renovables, disponibilidad, costes de déficits pasados, extrapeninsularidad, red de distribución,… Y claro, una cosa no alcanza para cubrir la otra. El agujero entre ingresos y costes ha crecido tanto como para llegar a superar los 26.000 millones de euros desde que se puso en marcha la regulación recién modificada. Y el avance año a año es monstruoso.

2012 cerrado: 5.609 millones de euros de desfase (¡+46% respecto a 2011!). Las primas al régimen especial se llevaron de entre todos los costes del sistema 8.586 millones de € (+23%). Y todo ello con los ingresos subiendo un 15% (a pesar de que la demanda caía un 1,6%). Si la semana pasada hablábamos de los leviatanes autonómicos, hete aquí que ha aparecido el electroleviatán. Otra producción de Papa Estado Films.

Ponerle fin era una obligación. Y este pasado viernes ha llegado la decisión del Gobierno. Pero antes de comentarla vayamos por partes. Ésta no es la primera medida para frenar el armaggedon eléctrico que hemos parido. Ya a finales del año pasado y principios de este se han obrado una serie de medidas por importe de 6.000 millones de € para frenarlo: varios nuevos impuestos (la marca del PP en esta legislatura, ¡vaya por Dios!) y subidas de tarifa para los usuarios. Usuarios que acorde a los datos de Eurostat en 2008 pagaban 0,1124 € Kwh frente a los 0,1179 de media de la UE. Y el año pasado pagaban 0,1766 € Kwh frente a los 0,1342 de la media europea. Nada, que los usuarios en su conjunto pagan un 57% más y el monstruo, electroleviatán, cada vez más poderoso.

El bloque de medidas aprobados el viernes supone añadir un ajustito de otros 4.500 millones de €. ¿Quién paga el pato?

• Paganos de a pie unidos: 1.800 millones € (por ahora). 900 en forma de subida en agosto y 900 con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Y si hay déficit por encima de 500 millones de € subirá la luz. Sí, los usuarios parece que siguen comprando tickets al infierno presupuestario familiar.
• Eléctricas “tradicionales”: 1.350 millones de €. Rentabilidad activos regulados limitada al 6,5%.
• Eléctricas del régimen especial: 1.350 millones de €. Y los proyectos renovables limitarán su rentabilidad al 7,5%.

Algunas conclusiones que se derivan de estas decisiones (que no son todas, pero sí las más relevantes): que el gobierno “garantice” un 7,5% de rentabilidad a proyectos renovables en toda su vida económica es una suerte de revisión hacia atrás de las condiciones con las que se asentaron los proyectos ¿Retroactividad indebida? No lo sé. Sí sé que unos hablarán de inseguridad jurídica, de revisión de condiciones pactadas. Mientras otros hablarán de los principios de estabilidad y sostenibilidad, de las modificaciones brutales habidas en este período de tiempo. Es decir, litigiosidad y frenazo a esta industria y sus inversiones por un tiempo. ¡Ah! Y un colateral bancario: muchos de estos proyectos están financiados por bancos que verán crecer sus riesgos de impago asociado a los mismos.

¿Cómo ha ocurrido todo esto? Chi lo sa. Pero no es la primera vez que nos ocurre. Sin abundar mucho, la planificación eléctrica de finales de los setenta en España (efectos de la crisis del petróleo) nos dejó un plan de nuclearización que se abortó de golpe. ¿Alguien no recuerda el repugnante asesinato del ingeniero José María Ryan Estrada? ¿Y a ETA reclamar no-sé-qué temas ecológicos después de apretar el gatillo (su estilillo matón viene de lejos, claro)? Bueno, pues la moratoria nuclear que se aprobó en 1984 costó al estado 729.000 millones de pesetas o 4.381 millones de € de aquella época. Bueno, al estado no le costó nada. Fue a nosotros que lo pagamos en el recibo de la luz como un “recarguillo”. Para compensar a quiénes se habían comprometido en inversiones tan millonarias.

Tú, Leviatán, planificas y yerras. Y yo pago. Esto siempre se arregla así.